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Conforme recoge el presente E-book el patrimonio de las Administraciones públicas, según lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos.

Conforme se analiza en el presente E-book los Art. 106-126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, integrantes del Título V de la norma, se encargan de la revisión de actos en vía administrativa, ocupándose de la revisión de oficio(Art. 106-111 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre) y del régimen de recursos a los que puede acudir el interesado: recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión (Art. 112-126 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Como se procederá a estudiar en el siguiente E-book la regulación de los interesados en el procedimiento administrativo, se establece en el Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, tras su entrada en vigor, introduce importantes novedades en la materia.

Según vamos a comprobar en el presente E-book los Art. 29-33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (integrados en el Capítulo II del Título II de la norma) se ocupan de regular las cuestiones concernientes a los términos y plazos administrativos. Una de las novedades más destacadas de la nueva regulación es que, a diferencia de lo que sucedía con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los sábados se entienden días inhábiles.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, aborda la cuestión de la organización administrativa y el presente E-book trata de esclarecer la problemática al respecto.

En este E-book se trata de introducir al lector a la normativa sobre Protección de Datos y familiarizar diferentes conceptos. A partir del 25 de mayo de 2018, con el comienzo con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, se instaura un conjunto único de normas directamente aplicables en todos los Estados miembros, que actualmente se completa con la normativa estatal española, con la entrada en vigor el 7 de diciembre de 2018 de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Bajo el rótulo de "Urbanismo y vivienda" se trata de desarrollar en este E-book y bajo un mismo título, todo lo relacionado con una actividad, definida por el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ como el "conjunto de disciplinas relativas al estudio de los asentamientos humanos y sus necesidades de cara a su desarrollo e intervención" y su resultado práctico último, esto es, la satisfacción del derecho a la vivienda.

El presente E-book analiza la figura de la Expropiación Forzosa en el Derecho Administrativo. Según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, la expropiación forzosa es el "procedimiento administrativo especial que tiene por objeto el ejercicio, con todas las garantías constitucionales y legales, de la potestad expropiatoria, esto es, aquella potestad de la que están investidas las administraciones públicas territoriales para imponer a los particulares, por causa de utilidad pública o interés social, la privación singular de propiedades privadas o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, siempre mediante su justa indemn...

Respecto a lo que desarrollará el presente E-book, desde el 9 de marzo de 2018 se encuentra en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, norma esencial en la materia que sustituye al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Contratos del Sector Público.

Como se estudiará en el siguiente E-book, el procedimiento administrativo común encuentra su regulación en la novísima Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, tal y como indica en su propio articulado, tiene por objeto "regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad regl...