Colección científica de Comercio Marítimo

1. Presentación

La Colección “Comercio marítimo” pretende poner en evidencia, mediante publicación con una editorial de renombre, una parte de la doctrina, la investigación y el conocimiento del entorno a la actividad marítima.

Merece la pena llamar la atención sobre la relevancia actual de la actividad marítima en nuestro país. Más del 80% de las mercancías que se consumen en España llegan por mar. Más allá de nuestra Historia, nuestras costas, nuestra posición geoestratégica y nuestro desarrollo técnico y turístico, España goza además de una tradición marítima innegable. Algunos de los puertos más grandes de Europa (Algeciras, en Cádiz, el mayor del Mediterráneo); el turismo de cruceros cobra cada vez mayor relevancia (Cádiz, Sevilla, Málaga, Barcelona…) y de las líneas comerciales más transitadas (entre Asía y Europa-América, por el estrecho de Gibraltar) confieren a España un protagonismo único en el comercio mundial.

Frente a ello, las oportunidades (y los conflictos) son una constante en nuestra actividad comercial marítima, que con frecuencia no son satisfactoriamente resueltas por nuestros tribunales y nuestros profesionales. En general se carece de estudios especializados en la materia, al menos, que supongan la colaboración ordenada de varios autores y disciplinas.

Temática y alcance

El punto de referencia temático básico para la colección es el que tradicionalmente se denomina por la doctrina como “Derecho marítimo”. Dicha referencia no supone ni delimitar (en exclusiva) ni limitar la materia propia de la colección; por lo que no excluye (ni se pronuncia) sobre perspectivas doctrinales que supongan acotar los contenidos de la colección, como Derecho de la navegación, contratos o negocios de explotación del buque, etc.

La propuesta básica (aunque, como se expondrá, no es excluyente) atiende a la disciplina que, de forma habitual y en la academia, se denomina Derecho marítimo. Esa denominación se encuentra tradicionalmente asentada y admitida en la doctrina y en la realidad del tráfico. Bajo dicha ‘rúbrica’ se incluye el Derecho marítimo en sentido estricto, desde su vertiente ‘privada’ o empresarial (también, en ocasiones, ‘Derecho de la navegación’; derecho de los transportes marítimos o contratos de explotación del buque; derecho del seguro marítimo; los contratos marítimos portuarios –estiba, consignación, gestión de fletamentos, practicaje, etc.; asistencia a los buques –remolque, salvamento, etc.-; la construcción naval; los sujetos de la navegación -naviero, tripulación-, entre otros; agentes auxiliares y colaboradores), de naturaleza privada. Además, bajo aquella extensa ‘denominación’ se atiende igualmente al análisis y estudio de los aspectos públicos de la actividad marítima (Derecho administrativo: régimen de los puertos y de la actividad portuaria, la Dirección general de la marina mercante; Derecho internacional público –Derecho del mar-; Derecho laboral, entre otros). Más recientemente, las cuestiones ‘fronterizas’ (en sentido estricto; también, en sentido amplio, que impone la realidad actual), como son las fronteras marítimas, la inmigración ilegal, el salvamento de vidas humanas…. deben ser objeto de atención.

Desde un punto de vista estricto, sin embargo, puede considerarse que el Derecho marítimo excluye (al menos, no contempla) el tratamiento cuestiones ‘multidisciplinares; y así, por ejemplo, no se regulan en la Ley de Navegación Marítima. Es el caso de las compraventas marítimas; los transporte multimodales –apenas esbozados en la cita norma-; determinados aspectos de la gestión de los buques, como las especialidades del tráfico de graneles (cereales, áridos), líquidos (crudo, gas), contenedores…; la logística (que añade un perfil de gestión empresarial, de contenido económico); cuestiones referidas a la tecnología (en los puertos, en los buques, en la ciberseguridad en sentido amplio, etc.); la pesca; y el sector turístico, en particular, el vinculado a las actividades náuticas y deportivas marítimas.

Esa perspectiva, académicamente correcta, justifica la razón de ser del ‘sistema’ que se propone: el comercio marítimo. El enfoque así esbozado no se encuentra presente en ninguna colección o actividad ordenada (académica o empresarial). Sin embargo, es compatible y asume la actividad universitaria (docente e investigadora), empresarial (por ejemplo, el clúster marítimo), profesional (cámaras de comercio), etc.

El núcleo esencial de la colección sería, por tanto, el Derecho mercantil ‘vinculado’ al ejercicio de cualquier actividad marítima. Aunque, igualmente, otras ramas del Derecho entrarían en el ámbito de la colección: el Derecho Internacional Público, el Derecho laboral, el Derecho administrativo, el Derecho Internacional privado, etc. Otras ramas menos ‘habituales’ aparentemente en este ámbito tendrían también cabida en la colección, en este caso, vinculadas al comercio marítimo o el comercio internacional: así, limitadamente, el derecho aduanero y fiscal; o la organización de las actividades de ‘logística’ (que, a su vez, supone la entrada de perspectivas de naturaleza económica) y la ingeniería naval y oceánica.

Ese amplio enfoque cabría bajo el amparo de una colección que tomara como criterio de selección el comercio internacional marítimo. En suma, asumiendo denominación clásica en el Derecho mercantil nacional (así se rubricaba el Libro III del Código de comercio de 1885, derogado por la Ley de Navegación Marítima), se opta por una colección de Comercio marítimo.

Cabe reseñar, por último, que este mismo enfoque continúa siendo utilizada, a nivel legislativo y doctrinal, en países de nuestro entorno (europeo, en general; en especial, en Latinoamérica) y podría corresponderse con la expresión anglosajona shipping law, la más habitual en el ámbito internacional.

La consolidación de la colección permitiría afrontar, de manera inmediata, obras colectivas bajo la tutela de la misma colección. Algunos de los profesores en las facultades de Derecho son, además, profesores en escuelas de náuticas (entre otros, los profs. Pendón y García-Pita); lo que abre la puerta a manuales para distintos centros y comentarios colectivos a la legislación.

3. Proceso de evaluación