En el proceso contencioso-administrativo, la ejecución de las sentencias ha sido desde siempre ?según la Exposición de Motivos de la LJCA? una de sus «zonas grises». Por un lado, la Administración se muestra en demasiadas ocasiones hostil o renuente a ejecutar lo resuelto por los órganos judiciales. A ello se une, por otro lado, lo que, con benevolencia, se ha calificado por el Tribunal Constitucional como «pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus propios fallos» (p. ej., SSTC 1/1997 y 27/1999).
Para combatir estos males la LJCA ha puesto en manos del juez una serie de medidas coercitivas (tales como multas, remisión de tanto de culpa al fiscal, incremento del interés legal) que, aplicadas con rigor y firmeza, resultan muy eficaces a la hora de lograr la ejecución de las sentencias; sobre todo porque algunas de ellas permiten personalizar la ejecución en las autoridades, funcionarios o agentes incumplidores.
Esta monografía disecciona esas medidas de compulsión desde una visión deliberadamente práctica, con la intención de ofrecer útiles herramientas y soluciones efectivas a los problemas reales que se plantean en los tribunales. De ahí que la obra se encuentra aderezada con múltiples resoluciones judiciales aplicables a los supuestos examinados. -
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Abreviaturas
Preliminar
1. Sin la ejecución del fallo no hay Justicia
2. Las tribulaciones de la ejecución en el orden contencioso-administrativo
Capítulo I
Compulsión sobre las personas
1. Medidas coercitivas del artículo 112 de la LJCA
2. Personalización de la ejecución
Capítulo II
Procedimiento
1. Momento para instar la ejecución forzosa y adoptar las medidas
A) Plazos legales
B) Plazos judiciales
C) Plazo transaccional
D) Plazos de caducidad o de prescripción
2. Fase psicológica o de compulsión
A) Requerimiento
B) Apercibimiento
C) Audiencia
3. Fase material o de aplicación
Capítulo III
Las multas coercitivas
1. Ámbito objetivo de aplicación
2. Naturaleza
A) No es punitiva
B) No es indemnizatoria
3. Los tiempos: periodicidad y duración
4. Cuantificación
5. El obligado al pago
A) Las personas físicas que incumplan los requerimientos de ejecución
B) La Administración
C) Quienes desoigan la petición de colaboración requerida por el órgano judicial
6. Recursos
7. Ejecución forzosa de la multa
Capítulo IV
Exigencia de responsabilidad penal
1. ¿Carácter discrecional o imperativo?
2. Destinatario del testimonio de particulares: ¿fiscal o juzgado de instrucción?
3. ¿Existe causa de recusación al remitir el tanto de culpa al fiscal?
A) Legitimación para recusar y concepto de denunciante (causa 7.ª del artículo 219 de la LOPJ)
B) Sobre el rechazo liminar de la recusación
4. Compatibilidad de las multas coercitivas con la condena penal
5. Recursos
Capítulo V
Los delitos
1. Desobediencia funcionarial
2. Atipicidad de la desobediencia
3. Desobediencia recalcitrante
4. Denegación de auxilio a la Administración de Justicia
Capítulo VI
Exigencia de responsabilidad patrimonial por incumplir los requerimientos de ejecución
Capítulo VII
El interés adicional
1. Los intereses procesales en las condenas a pagar cantidad líquida
A) Intereses procesales resarcitorios (art. 106.2 de la LJCA)
B) Intereses procesales coercitivos (art. 106.3 de la LJCA)
2. ¿Cuál es el interés legal?
3. ¿Cuándo puede reclamarse?
A) A partir de que transcurra el plazo de ejecución voluntaria
B) Hasta que se efectúe el pago
4. ¿Desde cuándo es efectivo?
A) Retroactividad versus irretroactividad
B) Desde que se aprecie la falta de diligencia
C) A partir de la ejecución forzosa
D) A partir de la ejecución voluntaria
E) Desde la notificación de la resolución dictada en única o primera instancia
5. Falta de diligencia
A) Antecedentes parlamentarios
a) Congreso de los Diputados (VI Legislatura)
b) Senado (VI Legislatura)
B) Dilación temporal y carga probatoria de la diligencia
C) Fraccionamiento del pago en ejecución forzosa
6. A vueltas con los privilegios de la Administración
L. Alfredo de Diego Díez es magistrado y profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Obtuvo el grado de Licenciado en la Facultad de Derecho de Valladolid, con la calificación de sobresaliente (1982). En la misma Facultad se doctoró cum laude, por unanimidad del Tribunal (1995).
Ingresó en la carrera judicial en 1990, siendo el nº 1 de su promoción. Actualmente se encuentra destinado en el orden contencioso-administrativo, en la ciudad de Sevilla.
Lleva ejerciendo la docencia en la asignatura de Derecho Procesal desde 1982, en las Universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, UNED y Pablo de Olavide de Sevilla, donde actualmente es profesor asociado. Entre los años 1990 y 1992 impartió clases de Derecho Procesal a cuatro promociones del entonces cuerpo de Secretarios Judiciales, en el Centro de Estudios Judiciales (Madrid).
Desde 1998 ha participado como consultor internacional en la formación de operadores judiciales en Bulgaria, Colombia y Honduras.
