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Las actuales sociedades y economías de masa, marcadas por una amplia globalización y digitalización, requieren de sistemas de tutela colectiva robustos, eficaces y eficientes que permitan el acceso a la justicia en conflictos de daños masivos. En España, el modelo de acciones colectivas de consumo no ha sido eficaz ni eficiente, debido a su escasa y contradictoria regulación. Por ello, con motivo de la Directiva de Acciones de Representación, se ha configurado un rompedor Proyecto de Ley de Acciones Colectivas, actualmente en las fases finales de su tramitación parlamentaria.

El presente estudio realiza un examen crítico y comparativo del proyectado sistema para dilucidar si el nuevo régimen logra o puede lograr solventar las lagunas del modelo anterior, avanzando hacia un sistema más atractivo, eficaz, eficiente y garante para el colectivo consumidor. Para ello, el estudio parte de un breve análisis del sistema precedente y una investigación minuciosa de Derecho Comparado, donde se abordan los elementos esenciales que se han de atender para confeccionar un modelo robusto, desde una perspectiva general, a una particular. Sentado lo anterior, el segundo capítulo aborda detalladamente la dicción del modelo proyectado junto con las críticas y propuestas de enmienda que se han realizado. El estudio concluye con veintiuna conclusiones que ponen de manifiesto la necesidad de un régimen eficaz, eficiente y garante, con propuestas lege ferenda para avanzar en este sentido.

Abreviaturas

Agradecimientos

Introducción

Capítulo primero. El marco comparativo para valorar el nuevo modelo español tras la transposición: panorama nacional previo y Derecho comparado

1.1. Contextualización

1.2. La situación española previa a la implantación de la Directiva de Acciones de Representación (RAD)

1.3. Aproximación al Derecho comparado: la heterogeneidad de modelos y elementos clave para la construcción de sistemas eficaces

1.4. El ámbito de aplicación material e introducción a la regulación de algunos países seleccionados

1.5. La legitimación y su control

1.6. La admisibilidad de la acción y el abuso de demandas infundadas. Especial atención al requisito de homogeneidad en las demandas de daños

1.7. El mecanismo de representación opt-in u opt-out, la difusión del proceso y los efectos de la sentencia

1.8. La cuantificación del daño, su distribución y el eventual remanente

1.9. Los acuerdos colectivos o settlements

1.10. Los costes y la financiación de la acción. Especial alusión a la financiación por terceros

Capítulo segundo. Los nuevos procesos de acciones colectivas tras la incorporación de la Directiva sobre acciones de representación

2.1. Contextualización

2.2. La Directiva: limitada armonización y rasgos generales

2.3. Las disposiciones comunes de las acciones colectivas en el nuevo modelo español

2.4. Las acciones colectivas de cesación en el nuevo modelo español

2.5. Las acciones colectivas de resarcimiento en el nuevo modelo español

Conclusiones finales

1. Contextualización

2. ¿Se requiere un modelo de acciones colectivas eficaz y garante con los derechos de las personas representadas?

3. El miedo hacia los sistemas de acciones colectivas es infundado y no debe ser motivo para no regular un sistema eficaz

4. El restringido ámbito de aplicación «a juicio»: la necesidad de crear un verdadero modelo transustantivo

5. La delimitación individualizada del grupo en la demanda y las acciones a favor de clases cerradas: eventuales obstáculos para el acceso a la justicia

6. La necesidad de que los actos de disposición sean controlados judicialmente y la urgencia de especificar si existe necesidad de intentar una negociación preprocesal

7. ¿Exige un control judicial mayor la amplitud de la legitimación española?

8. La admisibilidad y/o la certificación de las acciones colectivas es una garantía para todos

9. El efecto res judicata del auto de denegación de certificación: una barrera excepcional solo para acciones, per se, inadecuadas

10. Cómo la relación entre el procedimiento colectivo de resarcimiento y las reclamaciones individuales asegura la coordinación y evita la doble compensación

11. Las vías de financiación: imprescindibles para evitar los disuasivos costes y riesgos económicos de las acciones colectivas

12. La financiación por terceros: pilar fundamental para la viabilidad de las acciones colectivas resarcitorias

13. ¿Se vulneran los derechos de las personas representadas al prohibirles la participación en el proceso? Cómo el régimen de representación logra impedirlo

14. La plataforma electrónica singular: herramienta de comunicación para las personas afectadas por la acción colectiva de resarcimiento

15. Publicidad amplia: remedio contra la opacidad y garantía de los derechos en el sistema de representación colectiva

16. Superando las dificultades probatorias: especial mención al acceso a las fuentes de prueba y las resoluciones que declaran la ilicitud de una práctica

17. ¿Debería estar auxiliado el control de los acuerdos colectivos de resarcimiento?

18. La necesidad de un control judicial mayor en el proceso, ante los estrictos efectos de cosa juzgada de las sentencias y los acuerdos de resarcimiento homologados

19. Dos pilares para un sistema eficiente: el modo de resarcimiento y el destino del remanente

20. El potencial de las multas coercitivas para beneficiar a las personas consumidoras

21. La necesidad de especialización y un juzgador activo como garantía de éxito en los sistemas de acciones colectivas

Anexo. Tabla comparativa de los procesos de acciones colectivas de consumo antes y después de la implantación de la Directiva

Bibliografía

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